El comité considera que, si bien el deseo de una persona de tener un hijo constituye una «noble decisión, ello «no puede realizarse a costa de los derechos de otras personas». «Todo contrato de gestación por sustitución, lucrativo o altruista, entraña una explotación de la mujer y un daño a los intereses superiores del menor y, por tanto, no puede aceptarse por principio», sostiene la mayoría del CBE.
El Ministerio de Sanidad ha asegurado que estudiará el informe remitido por el CBE. El Congreso de los Diputados tendrá que pronunciarse en breve sobre la legalización o no de la maternidad subrogada, ya que Ciudadanos prepara una proposición de ley que presentará en las Cortes.